La chapuza del carbón le sale cara a Zapatero y provoca el rechazo exterior al mix energético español

Moncloa se resguarda ante la UE: ni negociará como prometió la prórroga a las ayudas comunitarias, ni peleará el estirón a los fondos regionales

Se queda solo ante la rebelión de Sebastián y los Secretarios de Estado, los recelos de la UE y la AIE, las críticas de Narbona y la reivindicación de las renovables

Su plan de incentivos privilegia a la energía más cara y más contaminante, estira el déficit de tarifa eléctrica y aleja España de los objetivos de Kioto

Javier Aldecoa, Capital News 3-11-09. 

 Se ha empeñado en llevar hasta la última consecuencia el ‘credo de Rodiezmo’ que proclamó ante sus vecinos leoneses y darle cuerda al consumo de carbón nacional. Lo hace sin valedores -Sebastian lo dejó en manos de Marín-, en contra de las recomendaciones de sus consejeros de cabecera y a contrapié de un calendario que le marca en rojo la Cumbre de Barcelona para convertirse en abanderado europeo del combate al CO2. Ni en Moncloa ni en Ferraz se disimula ya el malestar con la ‘solución de Zapatero’ al carbón, le hace aguas a su sudoku energético. La secretaria de Estado del Cambio Climático, Teresa Ribera, no pudo defenderla en Madrid ante la directiva de la AIEA. Se clavó los argumentos de Zapatero reconociendo que es la peor opción ambiental, que sólo se entiende “por la palabra dada” por el presidente. Más allá de los Pirineos, el presidente no hace más que echarle manchas a un modelo energético que no convence ni en la UE, ni en la AIE, ni en la OCDE. Lo saben sus propios ‘embajadores’. La ‘excusatio non petita’ de Ribera se ha convertido en la más clara "acusatio" de la ‘idea’ de Zapatero y en el recuerdo de que en 2004, el Gobierno pactó un plan de reducción del carbón.

El presidente juega a limpiar sus ‘manchas’ ante Bruselas, ha sacado la ‘chequera’ y está dispuesto a tocar la fiscalidad verde, aunque a Salgado le duelan los planes para gravar el consumo de CO2 y a los municipios la posibilidad de premiar con desgravaciones la ausencia de emisiones. Pero ni los 100 millones de euros que España acaba de prometer para ayudar a combatir el cambio climático en Copenhague opacan que, gracias a su nueva ‘receta’ del carbón,  emitirá -con la misma producción eléctrica- al menos 25 millones de toneladas de dióxido de carbono más. 

Las subvenciones al carbón, su peso en el mix de generación y los cerca de 400 millones de euros destinados a impulsar el sector desde el Estado son una de las manchas más visibles desde los organismos internacionales en el mapa energético español. Y es que con cada palada de las promesas mineras de Zapatero no ha hecho más que escocer en las heridas del compromiso de la reducción de emisiones de dióxido de carbono españolas. “Este año estábamos mucho más contentos, porque el éxito del contexto regulatorio, de apoyo a las renovables y de poner precio al carbono, hizo que ese recorte ocurriera mucho más rápido. Es mucho más eficiente generar con viento que con carbón. Pero tenemos un problema social”, reconocía Ribera.

El ministerio de Industria, el de Medio Ambiente y hasta la embajadora ante la OCDE, Cristina Narbona, sólo tienen ojos para un modelo galo que hace tiempo dejó de subvencionar la producción eléctrica con carbón. “Hay que seguir las recomendaciones de la OCDE y la AIE y cortar las subvenciones del carbón, que van en contra de nuestra eficiencia energética y en contra de las políticas para bajar las emisiones”: la ex ministra de Medio Ambiente no se lo pudo decir más claro ni más alto a Zapatero, justo ahora que Moncloa había confiado en ella el ‘lobby exterior’para hacer de  España el adalid global del cambio climático. Pero, como Narbona, todos los críticos tendrán que conformarse con patalear más allá de los Pirineos. Nadie pudo convencer al presidente del Gobierno: en julio decretó el cierre de la central nuclear de Garoña y ahora promociona el carbón.

Aunque la CNE en su reunión extraordinaria de esta semana avalara sin ‘peros’ el Real Decreto –algo que aún no está tan claro- Zapatero empieza a ser consciente de que es mucho más que la factura de la luz lo que se le va a encarecer. Para empezar, es él mismo el que cercena las promesas que hizo en la apertura del curso político en la fiesta minera de Rodiezmo y, a cambio del acuerdo con las eléctricas, se guarda la bandera del carbón fuera de España. En la lista de actuaciones de España para la UE en el primer semestre de 2010 nada de impulsar las subvenciones comunitarias que caducan en menos de un año. Nada de poner en la mesa la letra pequeña de los fondos tecnológicos de la UE que ya dejan fuera de juego a Asturias. Ya ha manchado los planes de las eléctricas y ha agitado la paz con las renovables. No volverá a poner el carbón sobre la mesa de la presidencia española de la UE. Más allá de junio de 2010, ya se verá.

El primer damnificado será el Pacto de la Energía. El ministro -al que Zapatero había investido como ‘embajador’ energético ante el PP- aspiraba a negociar un acuerdo de más alcance que con las eléctricas, sus planes pasaban por pactar un acuerdo de mínimos con el PP que fuera más lejos del ‘parche’ estacional para una temporada. Zapatero no esperó por él. Ahora, ni aunque el Ministerio accediera a sacar las ayudas al carbón del recibo de la luz, el pacto podría reconducirse ya que el PP rechaza la nueva normativa del carbón desde su origen. Pero las promesas de Rodiezmo no sólo sacuden el mapa de las renovables, son una de las manchas más oscuras en el espíritu español de Kioto.

Una polémica que se puso de manifiesto en las conferencias del World Energy Outlook 2009, que curiosamente se centraba en el cambio climático y en la importancia de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). El mismo día -26 de septiembre- que el G-20 acordaba por unanimidad "retirar paulatinamente, en el medio plazo, los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles", el Secretario de Estado de Energía, Fernando Marín comenzaba por orden directa de Zapatero a cuajar el plan de incentivos al carbón que quedó consumado en el Real Decreto. No era la primera vez que el discurso del Gobierno juega a dos manos con las renovables y el carbón. Ni la última. Moncloa le da cuerda a los agravios comparativos de un sistema ineficiente que genera más CO2.

El sector minimiza el aumento de emisiones, ya que la mayor parte del carbón nacional sustituirá al de importación, pero es más contaminante. Se lo ha dicho alto y claro Fatih Birol -el economista jefe de la AIE- a la cara de la Secretaria de Estado del Cambio Climático: dar ayudas al carbón en un país de la OCDE puede llevar a distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2, que va contra Kioto y es lo contrario de lo que dice la UE". Nada que no hubiera avisado, apenas una semana antes el director gerente de la Agencia, el japonés Nobuo Tanaka, quien tras entrevistarse con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, le espetó: “estas ayudas van contra Kioto y distorsionan el mercado”.

CONTRADICCIONES ‘VERDES’

Agobiado por las presiones del sector minero, el Ministerio  ha servido a la mesa de las eléctricas un real decreto que obliga al operador del sistema a introducir preferentemente en la red las ofertas de electricidad generada con carbón nacional, independientemente de que en el pool existan precios más bajos, con otras tecnologías: reserva un precio fijo para la electricidad producida a partir de carbón nacional en nueve plantas, que dejarán de participar en el mercado mayorista de electricidad  y que quedarán retribuidas gracias a un mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro. Zapatero se entrega a la esquizofrenia energética, se pisa la bandera de la liberalización, privilegia a la energía más cara -carbón nacional- y subvenciona al mismo tiempo a las energías más baratas; tendrá que desembolsar más de 2.000 millones de euros y compensar la producción desplazada por esta discriminación -carbón importado y una parte del gas natural-. Y estira aún más las costuras del déficit de tarifa de las eléctricas y acabará repercutiendo en la factura de la luz su ‘espaldarazo’ minero.

Se lo recordaba Ignacio Sánchez Galán antes de viaje de Miguel Sebastián a EE UU: si el modelo astur-leonés no se hubiera dedicado a subvencionar una producción ineficiente y cara, sino a I+D+i, Asturias sería ahora una ‘Silicon Valley’ española. Pero Zapatero no se ha resistido a ponerle muletas a un sector aquejado de sobreproducción por el hundimiento de la demanda eléctrica, el aumento de las renovables y el alto precio del CO2.  Moncloa juega en la ruleta de un mix en el que financia lo uno- las energías que no emiten CO2- y lo contrario. El plan ideado por el Gobierno ronda los 4.700 millones de euros hasta 2012 y supondrá un sobrecoste de más del 60% sobre los precios actuales del mercado eléctrico según los primeros cálculos del sector, que descuenta que irá a parar a la cesta de costes del sistema eléctrico, el punto de partida para fijar las tarifas que pagan los usuarios y que tras la aplicación del real decreto no podrá cumplirse el objetivo de que en 2009 se genere un déficit de tarifa inferior a 3.500 millones de euros.

Las ayudas al carbón crispan mucho más que el debate español sobre la energía. Se lo ha advertido a Zapatero el presidente de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero: es verdad que el último borrador de real decreto para solucionar la falta de consumo de carbón nacional es “más potable” que el anterior -que ponía el mercado en cuestión" al partir de criterios de potencia- y “respeta los mecanismos de mercado”. Pero eso no es todo. Corre el peligro de prolongar en el tiempo la solución temporal y convertir en “estructural” el desequilibrio incentivado por el Gobierno. Y por mucho que el decreto fuerce la quema de carbón nacional durante los próximos tres años, no evitará que éste siga sin ser competitivo cuando llegue 2013.

El carbón sólo se aferra al ‘tú más’. Carbunión comenzó por negar que el plan de incentivos implicara una subida de las tarifas eléctricas. Pero los cálculos de UNESA han acallado sus argumentos. Según la patronal eléctrica, el recibo de la luz tendrá que subir hasta un 15% para los usuarios acogidos a la tarifa de último recurso para poder cumplir con el objetivo de déficit tarifario fijado para 2010. La patronal del carbón sólo mira a las renovables y se consuela calculando que las instalaciones de generación con residuos reciben 33,3 euros por MWh hora más que la media del "pool", frente a los 42,9 euros por MWh de la eólica, los 43,8 euros por MWh de la hidráulica o los 51,2 euros por MWh de la cogeneración. Carbounión sólo tiene ya ojos para los ‘alivios del futuro’: si los próximos dos años se recupera la demanda eléctrica, sube el precio del gas o llueve poco, el mercado eléctrico mayorista subiría y la prima será menor.

Pero no sólo es Greenpeace, que ha pedido al Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía la retirada de la propuesta de Real Decreto, la que desnuda un modelo de incentivos que se basa en supuestos falsos (resolver restricciones de garantía de suministro que son artificiales), supone un parche que no evitará la desaparición de un sector no competitivo como el carbón, perjudica a la lucha contra el cambio climático con la emisión de 25 millones de toneladas de CO2 más, no favorece la creación de empleo, aumenta los costes totales del sistema eléctrico al menos un 10%, rompe con las reglas del mercado, hace menos flexible el sistema eléctrico en su conjunto, perjudica a las energías renovables y “puede ser contraria a la normativa europea”.

Mientras, los gobiernos se van a reunir la semana próxima en Barcelona para establecer en la cumbre climática de Copenhague un sistema mundial de reducción de emisiones, el Gobierno español decide intervenir en favor de la fuente de energía que más CO2 produce, en un país que -aun con la bajada de demanda por la crisis económica- triplica los límites de emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto. Además, La Comisión Europea está tramitando un procedimiento de infracción contra España porque las minas dañan espacios naturales protegidos por la UE. Y lo hacen gracias al dinero público.