La Comisión Europea está estudiando si las ayudas estatales españolas recibidas por la empresa Minero Siderúrgica Ponferrada (MSP) S.A por su actividad a cielo abierto en El Feixolín, en el muncicipio de Villablino, «están violando o no la legislación comunitaria», según respondió el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, a la pregunta escrita hecha por el eurodiputado español de Los Verdes David Hammerstein.

En la citada pregunta, Hammerstein se interesó por si dicha empresa recibe directa o indirectamente alguna financiación comunitaria, a pesar de que está actuando, «desde 1995, en un suelo protegido calificado por Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y en una zona de recuperación del oso pardo sin licencia ambiental, ni previa evaluación ambiental».

Sin financiación comunitaria

«Los proyectos de explotación minera reciben ayuda estatal de las autoridades españolas, pero no se acogen a la financiación comunitaria. Se ha notificado a la CE un plan de acceso a las reservas de carbón durante el período comprendido entre 2006 y 2010, que incluye la concesión de una ayuda estatal a estos proyectos de explotación minera. La CE está estudiando este plan y tendrá en cuenta en su evaluación las posibles infracciones del derecho comunitario», respondió por escrito Dimas.

Las autoridades comunitarias iniciaron un proceso de infracción en diciembre del 2004 contra España al creer que en ese paraje se estaban infringiendo las normas europeas de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, de lo que las autoridades españolas se defendieron en marzo del 2005 con el envío de varias cartas con información. Ahora Bruselas está estudiando las últimas acusaciones que le llegaron a principios del 2007.

Preguntado por Hammerstien si la ubicación de esa actividad minera «afecta a algún programa de ayuda europea como Life, Dimas respondió que no hay proyectos en curso en esa zona. «Los proyectos Life, cuyo objeto es la protección del oso pardo, se ejecutaron en zonas muy amplias de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia. El último, que concluyó en el 2004, se refiere a la protección contra la caza furtiva», explicó.

Si bien, el eurodiputado de Los Verdes no está de acuerdo con esa afirmación y se comprometió a aportar pruebas en las próximas semanas que demuestran lo contrario, según dijo a Ical.

Fuente: Diario de León